El Congreso Nacional bajo fuego cruzado

ImagenPromediando la protesta del 18 de Abril pasado comenzó a gestarse un nuevo reclamo que podríamos ver como subproducto de aquel y que hacía foco en una de las consignas que más resaltaron por cantidad de carteles y efervescencia de los manifestantes aquel día: el reclamo por detener la inminente sanción de las leyes que pretenden reformar la justicia de una forma que muchos consideran lesiona gravemente la característica republicana de la Nación y por ende la Constitución.

A partir de allí un importante revuelo se generó desde que dirigentes de la oposición, encabezados por la diputada del Pro Laura Alonso, y también organizaciones de la sociedad civil encabezados por Poder Ciudadano (de la cual la diputada Alonso fue directora ejecutiva) pero que incluyen otras organizaciones que gozan de amplio prestigio en el ámbito académico en el cual están inmersas, proponen una movilización activa para el día de la votación de las leyes y también una presión sobre aquellos legisladores que aún no han decidido su voto.

Sobre este punto quiero centrarme. Está claro que si los dichos de Carrió respecto de impedir sesionar tienen que ver con una toma del Congreso u obstruir el ingreso al mismo de los legisladores oficialistas poco tiene que ver esto con una práctica democrática. Sin embargo, la presión hacia la conciencia o, más realista, a la conveniencia política del legislador en cuestión que los ciudadanos puedan ejercer desde las puertas del lugar de votación o advirtiendo a esos legisladores que su decisión y voto van a quedar rubricados a fuego en la conciencia pública y por lo tanto les va a ser difícil volver a obtener respaldo electoral cuando el kirchnerismo sea cuestión del pasado (es algo que indefectiblemente ocurre con todas las facciones políticas) es algo que no debería asustar a nadie. Incluso si medios de comunicación u ONG´s piensan que estos proyectos lesionan tan gravemente a la República (o a sus intereses) que merecen la intervención activa en los mismos, están en su derecho de utilizar los medios que tienen a su alcance para que la gente conozca a quienes van a ser parte de la votación. En tal caso, vaya paradoja, será la justicia que se quiere reformar quien decida si para esto se incurrió en algún delito (como incitación a la violencia por ejemplo).

Es bastante lógico que esta queja por la presión que se ejerce con legisladores indecisos sea un recurso que el oficialismo esgrima para poder mitigarla. Lo que no parece muy natural es que parte de la oposición también tenga sus reparos respecto a esta conducta. Tanto es así que la diputada socialista del FAP Alicia Ciciliani, argumentando los motivos por los cuales no apoyan el denominado #24A, sostiene que “escuchamos el reclamo del 18-A, pero creemos que ahora la gente tiene que expresarse en las urnas…”; algo así como que no rompan más las b…..

Vale recordar que países con larga tradición democrática como los Estados Unidos, un país mucho más poblado y extenso que el nuestro, sienten como totalmente naturales el contacto cercano con sus representantes y quien se interesa en los temas del quehacer público puede acceder fácilmente a los medios de contacto necesarios para llegar a ese representante. Tampoco habría que olvidarse que desde aquel llamado a “tomar” las estaciones de servicio Shell que hizo el ex presidente Néstor Kirchner por un aumento no autorizado de precios o las alianzas con dirigentes piqueteros cuyo leit motiv estaba en las calles, el kirchnerismo siempre ha fomentado la presión ejercida desde la calle de manera directa cuando lo que se quería era cambiar una realidad, y sobre todo, cuando no era el 54% de votos el que lo respaldaba sino un magro 22% obtenido en la primera vuelta electoral del año 2003, como suele recordarlo en sus discursos la presidente Cristina Fernández de Kirchner.

Anuncios

La justicia adicta

Imagen Acostumbrados a la mayoría con que cuenta el oficialismo en ambas Cámaras y la rígida disciplina que reina allí no es muy difícil aventurar que las leyes enviadas por el Poder Ejecutivo bajo el paraguas de “democratización de la justicia”, y que están siendo “debatidas” en ambas cámaras, sean sancionadas en los próximos días. Convendría, sin embargo, desmenuzar los proyectos que tantos reparos produjeron en distintos sectores judiciales y de la vida social, política, económica y hasta religiosa del país.

Podríamos, para un análisis más claro y sin ser nada originales, dividir los proyectos entre los tres que ingresaron a través de la Cámara de Diputados (como decía un viejo profesor mío, Cámara baja podría denominarse solamente por la altura de los legisladores) y los tres que ingresan a través del Senado.

Entre los primeros se encuentra la reforma en el ingreso al Poder Judicial, que modificaría el actual sistema regido por la relación de confianza, familiaridad o amistad con el juez o sus secretarios, por otro basado en sorteos y exámenes (que actualmente se realizan para cubrir algunos cargos); la publicación de las declaraciones juradas que actualmente están en el Consejo de la Magistratura (órgano incorporado a la Constitución Nacional en la reforma de 1994) y que con la modificación pasarían a estar disponibles en Internet a través de la Oficina Anticorrupción (un órgano dependiente del Poder Ejecutivo); y por último, la intención de dar más transparencia a través de la publicación automática de las causas, su desarrollo y los fallos de todas las instancias tribunalicias que actualmente quedaban bajo la decisión de la Corte Suprema y ahora quedarían reguladas a través de esta ley.

Estos tres proyectos colectan el mayor rechazo dentro del ámbito judicial donde los actuales empleados ven amenazada su estabilidad laboral y los jueces sienten que pierden la potestad de elegir a sus colaboradores. También genera incomodidad otorgarle mayor control de la información a la Oficina Anticorrupción que suele recibir críticas por su inacción en muchas causas de corrupción que involucran a miembros del Poder Ejecutivo.

De acuerdo a los antecedentes que el gobierno nacional ha mostrado en distintos proyectos ya aprobados, como la ley de medios por ejemplo, estos tres podrían formar parte de aquellos proyectos destinados a conseguir mayor consenso y así integrarlos al “bloque” de aquellos que provocan mayor rechazo como son los que ingresaron por la Cámara de Senadores y que ahora veremos en particular.

Como decíamos, entre los proyectos que van al Senado encontramos los mayores rechazos desde las organizaciones que agrupan a los principales involucrados, como jueces y abogados, pero también en cámaras empresariales, de medios de comunicación y hasta de la propia Iglesia. En primer lugar está el proyecto de transformar el Consejo de la Magistratura en un órgano con 19 miembros contra los 13 que actualmente posee (durante 2013 y 2014 serían 25 porque se sumarían los 6 electos en el mes de agosto mediante las PASO). En este caso los jueces, abogados y académicos ya no serían electos por sus pares sino a través del voto popular integrándose para esto en las listas de los partidos políticos. La principal crítica que se le hace a este proyecto es que introduce en un poder pensado para funcionar como contrapeso de los otros dos, un componente político fuerte que permitiría que mayorías circunstanciales priven a las minorías de la administración adecuada de justicia. Varios miembros del oficialismo fueron consultados acerca de si poner candidatos al Consejo de la Magistratura en las listas de los partidos políticos no generaba una identificación y dependencia política directa al partido y la respuesta fue NO (sería una cuestión de fe entonces). En este proyecto también se reducen los actualmente necesarios 2/3 de los votos para aplicar sanciones o destituir jueces por una mayoría simple, lo cual creo que es otra muestra de imposición mayoritaria en un órgano que debe impartir justicia y por lo tanto lo ideal sería que sus miembros sean elegidos con un alto consenso. Dentro de este proyecto también hay un traspaso del manejo de la caja de la Corte Suprema al Consejo de la Magistratura, es decir, al órgano que con esta nueva ley sería, según mi criterio, un híbrido difícil de colocar bajo la órbita del Poder Judicial, el Legislativo o el Ejecutivo a consecuencia de lo cual perdería la autonomía necesaria con la que debería gozar este poder dentro de una República.

En tercer lugar aparece el proyecto de crear tres nuevas Cámaras de Casación a la ya existente en el fuero penal que sumaría una instancia y mayor tiempo a juicios ya de por sí extensos. Llegarían menos causas a la Corte Suprema que aún así conservaría el control sobre asuntos federales.

Si nos adentramos en los motivos del gobierno para impulsar estas reformas, no hace falta indagar mucho ni suponer demasiado porque varios miembros del oficialismo han reconocido a micrófono abierto que el intento por limitar las medidas cautelares está motivado en aquellas decisiones judiciales que, por ejemplo, impiden aplicar la ley de medios en todo su contenido, aquella que impidió la expropiación del predio de La Rural a la SRA o la cantidad de juicios que sufre al Estado por deudas previsionales. Siendo este un objetivo confeso, algunos legisladores de la oposición se preguntan: vale la pena analizar los detalles de los proyectos?.

De todos modos, es difícil explicar cómo esta ley podrá superar el control de constitucionalidad, atribución final propia de la Corte Suprema, cuando la propia Constitución Nacional reza en su artículo 114 que “El Consejo (de la Magistratura) será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal”.

La segunda modificación pasa por la limitación de las medidas cautelares hasta un máximo de 6 meses pudiendo prorrogarse 6 meses más, salvo que ésta sea apelada por el Estado lo cual suspende entonces aquella medida. Esto directamente sepulta la función de las medidas cautelares en aquellos casos en los cuales el Estado tenga algún interés. Sobre este proyecto en particular hizo pesar sus críticas el CELS (mediante un documento) y su presidente Horacio Verbitzky en el plenario de comisiones que trató el tema.

Sabemos que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner siempre siente la necesidad de manejar la agenda política pero deberían haberse preguntado en este caso el costo de oportunidad de impulsar estos proyectos a pocos días de la marcha del 18A, porque además de pretender aprobarlos con absoluta celeridad, cuentan con la posibilidad concreta de que sean leyes que no superen el control de constitucionalidad.

 

*Publicado en INFOnews

NO A LA JUSTICIA ADIKTA

NO A LA JUSTICIA ADICTA (K)

Firmemos esta petición para que no se sancionen las leyes que le van a dar el marco al gobierno para saltear los pocos obstáculos que le quedan para quedarse con todo el poder público. En caso de sancionarse estas leyes pueden ser declaradas inconstitucionales y, como todo forma parte de una lucha de poder, creo que debemos apoyar a quienes intentarán ponerle un freno legal a esta nueva embestida.