La justicia adicta

Imagen Acostumbrados a la mayoría con que cuenta el oficialismo en ambas Cámaras y la rígida disciplina que reina allí no es muy difícil aventurar que las leyes enviadas por el Poder Ejecutivo bajo el paraguas de “democratización de la justicia”, y que están siendo “debatidas” en ambas cámaras, sean sancionadas en los próximos días. Convendría, sin embargo, desmenuzar los proyectos que tantos reparos produjeron en distintos sectores judiciales y de la vida social, política, económica y hasta religiosa del país.

Podríamos, para un análisis más claro y sin ser nada originales, dividir los proyectos entre los tres que ingresaron a través de la Cámara de Diputados (como decía un viejo profesor mío, Cámara baja podría denominarse solamente por la altura de los legisladores) y los tres que ingresan a través del Senado.

Entre los primeros se encuentra la reforma en el ingreso al Poder Judicial, que modificaría el actual sistema regido por la relación de confianza, familiaridad o amistad con el juez o sus secretarios, por otro basado en sorteos y exámenes (que actualmente se realizan para cubrir algunos cargos); la publicación de las declaraciones juradas que actualmente están en el Consejo de la Magistratura (órgano incorporado a la Constitución Nacional en la reforma de 1994) y que con la modificación pasarían a estar disponibles en Internet a través de la Oficina Anticorrupción (un órgano dependiente del Poder Ejecutivo); y por último, la intención de dar más transparencia a través de la publicación automática de las causas, su desarrollo y los fallos de todas las instancias tribunalicias que actualmente quedaban bajo la decisión de la Corte Suprema y ahora quedarían reguladas a través de esta ley.

Estos tres proyectos colectan el mayor rechazo dentro del ámbito judicial donde los actuales empleados ven amenazada su estabilidad laboral y los jueces sienten que pierden la potestad de elegir a sus colaboradores. También genera incomodidad otorgarle mayor control de la información a la Oficina Anticorrupción que suele recibir críticas por su inacción en muchas causas de corrupción que involucran a miembros del Poder Ejecutivo.

De acuerdo a los antecedentes que el gobierno nacional ha mostrado en distintos proyectos ya aprobados, como la ley de medios por ejemplo, estos tres podrían formar parte de aquellos proyectos destinados a conseguir mayor consenso y así integrarlos al “bloque” de aquellos que provocan mayor rechazo como son los que ingresaron por la Cámara de Senadores y que ahora veremos en particular.

Como decíamos, entre los proyectos que van al Senado encontramos los mayores rechazos desde las organizaciones que agrupan a los principales involucrados, como jueces y abogados, pero también en cámaras empresariales, de medios de comunicación y hasta de la propia Iglesia. En primer lugar está el proyecto de transformar el Consejo de la Magistratura en un órgano con 19 miembros contra los 13 que actualmente posee (durante 2013 y 2014 serían 25 porque se sumarían los 6 electos en el mes de agosto mediante las PASO). En este caso los jueces, abogados y académicos ya no serían electos por sus pares sino a través del voto popular integrándose para esto en las listas de los partidos políticos. La principal crítica que se le hace a este proyecto es que introduce en un poder pensado para funcionar como contrapeso de los otros dos, un componente político fuerte que permitiría que mayorías circunstanciales priven a las minorías de la administración adecuada de justicia. Varios miembros del oficialismo fueron consultados acerca de si poner candidatos al Consejo de la Magistratura en las listas de los partidos políticos no generaba una identificación y dependencia política directa al partido y la respuesta fue NO (sería una cuestión de fe entonces). En este proyecto también se reducen los actualmente necesarios 2/3 de los votos para aplicar sanciones o destituir jueces por una mayoría simple, lo cual creo que es otra muestra de imposición mayoritaria en un órgano que debe impartir justicia y por lo tanto lo ideal sería que sus miembros sean elegidos con un alto consenso. Dentro de este proyecto también hay un traspaso del manejo de la caja de la Corte Suprema al Consejo de la Magistratura, es decir, al órgano que con esta nueva ley sería, según mi criterio, un híbrido difícil de colocar bajo la órbita del Poder Judicial, el Legislativo o el Ejecutivo a consecuencia de lo cual perdería la autonomía necesaria con la que debería gozar este poder dentro de una República.

En tercer lugar aparece el proyecto de crear tres nuevas Cámaras de Casación a la ya existente en el fuero penal que sumaría una instancia y mayor tiempo a juicios ya de por sí extensos. Llegarían menos causas a la Corte Suprema que aún así conservaría el control sobre asuntos federales.

Si nos adentramos en los motivos del gobierno para impulsar estas reformas, no hace falta indagar mucho ni suponer demasiado porque varios miembros del oficialismo han reconocido a micrófono abierto que el intento por limitar las medidas cautelares está motivado en aquellas decisiones judiciales que, por ejemplo, impiden aplicar la ley de medios en todo su contenido, aquella que impidió la expropiación del predio de La Rural a la SRA o la cantidad de juicios que sufre al Estado por deudas previsionales. Siendo este un objetivo confeso, algunos legisladores de la oposición se preguntan: vale la pena analizar los detalles de los proyectos?.

De todos modos, es difícil explicar cómo esta ley podrá superar el control de constitucionalidad, atribución final propia de la Corte Suprema, cuando la propia Constitución Nacional reza en su artículo 114 que “El Consejo (de la Magistratura) será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal”.

La segunda modificación pasa por la limitación de las medidas cautelares hasta un máximo de 6 meses pudiendo prorrogarse 6 meses más, salvo que ésta sea apelada por el Estado lo cual suspende entonces aquella medida. Esto directamente sepulta la función de las medidas cautelares en aquellos casos en los cuales el Estado tenga algún interés. Sobre este proyecto en particular hizo pesar sus críticas el CELS (mediante un documento) y su presidente Horacio Verbitzky en el plenario de comisiones que trató el tema.

Sabemos que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner siempre siente la necesidad de manejar la agenda política pero deberían haberse preguntado en este caso el costo de oportunidad de impulsar estos proyectos a pocos días de la marcha del 18A, porque además de pretender aprobarlos con absoluta celeridad, cuentan con la posibilidad concreta de que sean leyes que no superen el control de constitucionalidad.

 

*Publicado en INFOnews

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